Por: María A. Saldarriaga.

Una breve historia de la lucha obrera en Medellín

En las primeras décadas del siglo XX, en diferentes ciudades y municipios del país se empezaron a consolidar movimientos que, desde diferentes enfoques, se proponían la agremiación obrera; en Bogotá se crearon la Unión Obrera Colombiana (1913) y el Partido Obrero Socialista (1916); en la Costa Atlántica, en 1918, la Sociedad de Obreros y Artesanos y un Centro Socialista; en el mismo año, en Medellín, la Sociedad de Luchadores, que tenía como finalidad mejorar la capacidad intelectual y el criterio político de los obreros; y en julio de 1923, se constituye la Federación Local de Trabajo Unión Obrera, que ayudó a movilizar a las masas en el departamento y constituyendo lo que Miguel Urrutia nombraría como un primer intento de organización de trabajadores para la defensa de sus intereses comunes.

Un hecho pionero en la historia del movimiento obrero colombiano y, particularmente, en la lucha laboral de las mujeres, ocurrió en 1920 en Bello (Antioquia), cuando una joven trabajadora de 19 años llamada Betsabé Espinal lideró una huelga sin precedentes en la Fábrica de Tejidos de Bello. Durante tres semanas, cerca de 400 mujeres exigieron el fin de los maltratos físicos por parte de los supervisores, el pago de salarios justos, la reducción de la jornada laboral —que en algunos casos superaba las 12 horas diarias— y condiciones dignas en su lugar de trabajo.

Esta protesta fue significativa no solo por lograr la remoción de cinco capataces y el aumento de salario, sino porque evidenció el papel activo y decisivo de las mujeres en las luchas obreras, en una época en la que ni siquiera tenían derecho al voto. La huelga liderada por Betsabé no fue un hecho aislado, sino el inicio de una conciencia que se extendería durante las décadas siguientes en Antioquia y el país. Su figura se convirtió en símbolo de resistencia y dignidad y hoy, se le reconoce como una pionera de los derechos laborales de las mujeres en Colombia.

Entre 1924 y 1928, María Cano —conocida como “la flor del trabajo”— se consolidó como la primera mujer líder política popular del país. Encabezó mítines, recorrió fábricas, sindicatos y plazas públicas en Antioquia y otras regiones, denunciando la explotación laboral, la represión estatal y exigiendo condiciones dignas para hombres y mujeres. Su liderazgo articuló el movimiento obrero con demandas feministas, sociales y educativas, dejando un legado de rebeldía, organización y conciencia de clase que aún hoy inspira a los sectores populares y sindicales.

Este fenómeno se enmarca en un proceso más amplio de industrialización en Antioquia, que desde décadas anteriores había facilitado la vinculación creciente de mujeres a la fuerza laboral regional en sectores como la modistería, textilería, cocina, enfermería, comercio, mecanografía, contabilidad, industria tabacalera y alimentaria, así como en trilladoras de café. Desde entonces, las mujeres obreras comenzaron a jugar un papel fundamental en los movimientos laborales, luchando por la igualdad salarial, la dignidad en el trabajo y la visibilización de sus derechos.

En 1931, bajo el gobierno de Enrique Olaya Herrera, se expidió la Ley 83 del 23 de junio, que legalizó los movimientos sindicales y le dio a la clase obrera mayor participación política en escenarios nacionales, así como un sustento legal para reclamar garantías laborales. Un par de años más tarde, entre 1933 y 1934, se inicia una serie de huelgas en diferentes regiones de Antioquia, con el fin de exigir el pago justo por el cargue y descargue de mercancías, mejora en los salarios y condiciones laborales dignas, además del cumplimiento de la Ley 129 de 1931, que aprobaba las conclusiones de la Oficina General del Trabajo de la Liga de las Naciones sobre la jornada laboral de 8 horas.

Uno de los hitos más importantes del huelguismo antioqueño se da con la huelga de obreros de Coltejer el 14 de junio de 1935, y el subsecuente paro general del 19 de junio en solidaridad con los más de 500 obreros que abandonaron su trabajo ante el silencio de la empresa frente a su pliego de peticiones. Este paro llevó al entonces presidente López Pumarejo a ordenar a la empresa la firma de un acuerdo que representó conquistas significativas en ámbitos salariales y el cumplimiento de la Ley 83 de 1931 sobre la representatividad de los sindicatos y su derecho de contratación colectiva.

A partir de la década de 1940, el crecimiento acelerado de la industria en Medellín y las migraciones masivas del campo a la ciudad impulsaron un proceso urbanístico centrado en la construcción de viviendas para empleados. Esto no solo modificó el paisaje, sino que favoreció la concentración de obreros en zonas específicas, reforzando la organización colectiva y la pugna por mejores condiciones laborales a través de la sindicalización.

En 1944 se fundó la Unión de Trabajadores de Antioquia (UTRAN), impulsada por organizaciones del sindicalismo cristiano. A lo largo de las décadas siguientes, las tensiones ideológicas y la fragmentación del movimiento derivaron en la creación de nuevas federaciones sindicales en Antioquia, como la CSTC, FETRAN, FETRALAN y la FGTA. Estas transformaciones reflejan la evolución del sindicalismo en el país y el amplio movimiento obrero de Medellín. Sin embargo, el camino no estuvo exento de obstáculos; durante los años de violencia política y represión estatal seguidos al periodo bipartidista, los movimientos obreros enfrentaron la persecución y criminalización de sus luchas.

Las décadas de 1970 y 1980 estuvieron marcadas por una fuerte represión estatal y paramilitar que buscaba desarticular el movimiento sindical, violencia política que afectó gravemente a líderes sindicales, de los cuales muchos fueron asesinados o desplazados. Sin embargo, los movimientos sindicales en Medellín y Antioquia resistieron para consolidarse como actores clave en la defensa de los derechos laborales.

Con el proceso constituyente de 1991, surgieron nuevas formas de organización sindical y política, que a través de los artículos 25, 39 y 54 de la Constitución reconoció el trabajo como un derecho y una obligación social, garantizando condiciones laborales dignas y justas; aseguró la libertad sindical, permitiendo a trabajadores y empleadores formar sindicatos sin intervención estatal y estableció la obligación del Estado y los empleadores de proporcionar formación profesional y garantizar la inclusión laboral. Además, el surgimiento del movimiento ¡A Luchar! fue un ejemplo de esta transición, integrando sindicalistas, estudiantes y líderes populares en una propuesta política desde la legalidad, aunque este movimiento también fue víctima de la violencia política, con numerosos militantes asesinados o desplazados.

Hoy en día, la lucha obrera en Medellín sigue enfrentando desafíos como la informalidad laboral, la tercerización y la precarización del empleo. No obstante, organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) continúan defendiendo los derechos laborales de los trabajadores en un contexto marcado por la globalización y las transformaciones del mercado laboral. En este sentido, la historia del movimiento obrero en Medellín sigue siendo una fuente de inspiración para las generaciones actuales, que continúan luchando por la justicia laboral y los derechos humanos en el ámbito del trabajo.

La marcha del 1º de mayo y la instrumentalización de la protesta

Las movilizaciones del Día Internacional de la Clase Trabajadora siguen siendo una plataforma crucial para la expresión colectiva de múltiples sectores sociales: sindicatos, organizaciones estudiantiles, movimientos sociales, colectivos barriales, redes feministas, comunidades rurales y urbanas, entre muchos otros. En Medellín, esta fecha se ha consolidado como un espacio para la denuncia, la reivindicación de derechos laborales y la defensa de condiciones dignas para la vida.

La participación activa de los gobiernos en favor de la clase trabajadora puede contribuir a fortalecer estos escenarios, garantizar su legitimidad y promover la participación popular, impulsando la defensa de mecanismos de participación directa propios de una democracia y aportando a la formación política los pueblos. Sin embargo, a pesar de la potencia simbólica y política de este día, también se hace evidente un fenómeno que no podemos ignorar: la utilización estratégica de estas jornadas de movilización por parte de actores políticos que buscan posicionarse públicamente. Nos preocupa que, más que centrar el debate en los problemas estructurales que afectan a la clase trabajadora, ciertos sectores aprovechen la movilización social como vitrina para promover intereses particulares, ligados a aspiraciones electorales.

Cuando la organización social se instrumentaliza para fines de campaña, se corre el riesgo de vaciar de contenido las luchas históricas que han costado vidas, esfuerzos colectivos y décadas de resistencia. El 1º de mayo no es una fecha para hacer proselitismo, sino para honrar la memoria obrera, escuchar las voces de quienes viven en la precariedad y fortalecer los vínculos entre las organizaciones populares que día a día sostienen las luchas desde los territorios.

Reivindicar la importancia de las movilizaciones también implica protegerlas de la cooptación y de la reducción de su sentido a una simple plataforma de visibilidad política. La participación popular no puede ser un medio, sino un fin en sí mismo: una apuesta por construir colectivamente una sociedad más justa y equitativa, desde abajo y para todxs.

Seguimos siendo el 99% contra el 1%

El 1º de mayo sigue siendo, ante todo, una manifestación de la lucha de clases. La reivindicación de los derechos laborales no puede perder su carácter radical y transformador, pues, aunque la interseccionalidad es crucial para comprender las diversas opresiones que nos afectan como pueblo, no debemos difuminar la centralidad del conflicto de clases. Es necesario reconocer que seguimos luchando contra un sistema que perpetúa la desigualdad extrema: el 99% más pobre contra el 1% más rico.

El neoliberalismo ha intensificado esta lucha al perpetuar la concentración del poder y la riqueza en unas pocas manos, lo que no solo profundiza la desigualdad económica, sino que también vacía la democracia de su contenido transformador. Como señala Chantal Mouffe, la democracia no es un espacio de consenso armonioso, sino de agonismo, un campo de confrontación entre adversarios que reconocen su pluralidad y la legitimidad de sus diferencias. El antagonismo entre el 99% y el 1%, entre el nosotros y el ellos, es, en este sentido, constitutivo de lo político. La lucha no es de buenos contra malos, sino de la mayoría trabajadora contra la élite privilegiada. La democracia debe ser un campo donde las identidades colectivas se definan en competencia, sin renunciar a la lucha y la confrontación que son esenciales para la redefinición de lo político.

Por otro lado, Nancy Fraser nos recuerda que la crisis actual no es solo una cuestión económica, sino también de legitimidad democrática. El neoliberalismo ha cooptado incluso a los movimientos de izquierda, transformándolos en un eco del sistema que buscan cuestionar. En este sentido, la verdadera radicalización de la democracia pasa por recuperar la soberanía popular, por reactivar los mecanismos de participación directa que permitan que el poder vuelva a estar en manos del pueblo, no de la élite.

La lucha de clases sigue siendo el eje fundamental de las movilizaciones del 1º de mayo, y aunque la interseccionalidad ofrece un enfoque valioso para entender las múltiples formas de opresión, no podemos perder de vista que la batalla sigue siendo contra un sistema económico que favorece al 1% más rico, a expensas del 99% de la población. Y siguiendo a Wendy Brown, la concentración del poder en manos de unos pocos es una crisis para la democracia, que solo podrá ser superada si la radicalizamos, si recuperamos su carácter conflictivo y participativo.