Hoy es 11 de Febrero del año 2026 y los bosques de Chile
y Argentina siguen ardiendo. Ya son más de 30 días donde las llamas arrasan con
todo a su paso, a pesar de los esfuerzos de las comunidades y brigadistas por
apaciguar el fuego.
Las regiones incendiadas sufren temporadas de sequía que gracias al cambio climático se han intensificado, dejando una vegetación seca como combustible para que cualquier chispa desate una conflagración que se esparce rápidamente con ayuda de los vientos.
Esta no es la primera vez que se presentan incendios de
gran magnitud en estos países, pero si hay una preocupación creciente debido a
que año tras año estos son más voraces, complejos de intervenir y sin mayores
voluntades políticas para mitigar la situación.
Por eso, existen críticas desde sectores políticos y sociales al
gobierno de Javier Milei. Gobernadores como Axel Kicillof acusaron al gobierno
nacional de “abandono deliberado” de la Patagonia por la interrupción de fondos
para combatir los incendios, y exigieron mayor compromiso y recursos efectivos.
Varios líderes ambientales de las zonas afectadas
(Argentina: Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Chile: Biobío, Quilpué,
Valparaíso y Viña del Mar), han nombrado el creciente reemplazo de sus árboles
nativos por pinos, que al no ser endémicos de estos ecosistemas, agudizan el
problema sirviendo como gasolina para el fuego.
Organizaciones ambientalistas han señalado que esto no es solo mala suerte climática, sino resultado de políticas ambientales insuficientes y decisiones que priorizan otros intereses sobre la prevención y manejo del fuego.
Las consecuencias, por supuesto, son muchas: desde erosión del suelo y pérdida de hábitat para miles de especies, hasta la emisión masiva de CO2 a la atmósfera, desplazamiento de comunidades y destrucción de viviendas. Pero no pensemos que las afectaciones terminan aquí; estos impactos trascienden fronteras y nos interpelan a todos.
Y mientras el sur de Latinoamérica arde, el noroeste se
inunda por cuenta de las lluvias. Es el caso del departamento de Córdoba, Colombia,
donde el agua ha dejado a muchas familias sin hogar, cultivos y acceso a
servicios básicos como agua potable y electricidad.
Parece que cuando la naturaleza habla con fuego o con agua, las instituciones
políticas no siempre responden con la urgencia, coherencia y recursos que la
magnitud de estos eventos requiere.
A nivel regional y global, estos fenómenos no son
aislados ni casuales: son parte de lo que muchos científicos han advertido por años sobre la
crisis climática y la necesidad de políticas públicas consistentes, basadas en
prevención, adaptación y responsabilidad social.
Al ver el panorama surgen dudas. ¿Qué nos espera en manos de dirigentes negacionistas del cambio climático?

